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¿Responsabilidad penal de la persona jurídica?: No siempre

noviembre, 2019

Cada vez más cerca del décimo aniversario del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código penal español, aún es necesario plantearse el alcance de esta clase de responsabilidad. Y ello, a algunos, nos lleva a reflexionar acerca de si cabe restringir este régimen de responsabilidad atendiendo, por supuesto, al tenor literal de la norma, pero también a cuál debería ser su fundamento. Mal nos pese, no se trata de cualquier régimen, sino del más grave en nuestro ordenamiento: el de responsabilidad penal.

Para tratar de enfocar el tema, y partiendo de un ejemplo extraído de nuestra realidad jurisprudencial, se propone el siguiente titular:

“No todo delito cometido a través de una actividad empresarial genera responsabilidad penal de la persona jurídica y, ello, incluso en los supuestos de los delitos ambientales en los que está prevista esta clase de responsabilidad”.

Imaginemos el siguiente caso: una persona regenta un establecimiento cuya actividad autorizada es la de Café-Bar con música. Además de no respetar los horarios de cierre del establecimiento, la regente desarrolla actividades no permitidas por la licencia que disponía. Entre otras, realiza fiestas, karaokes y espectáculos diversos. En definitiva, lleva a cabo una actividad más próxima a la de discoteca que a la de establecimiento Café-Bar. De ahí, y a propósito de los aparatos musicales del local, se emiten ruidos superando los límites administrativos establecidos y causando molestias a los vecinos de las viviendas situadas encima del Café-Bar. Hasta aquí, estos hechos se corresponderían, en su mayor parte, con los declarados probados por la SAP-Murcia, Secc. 3ª, de 1 de julio de 2019 (ponente: Del Olmo Gálvez). Añadamos la siguiente parte no mencionada en los hechos probados reales: la regente es la arrendataria del local, habiendo suscrito un contrato de arrendamiento de local de negocio con el socio y administrador único de la empresa CAN2, S. L., propietaria del establecimiento.

La calificación jurídico-penal de estos hechos podría vincularse con una de las modalidades de delito ambiental penológicamente más graves, a saber, el delito de contaminación acústica previsto en el art. 325.1 CP y que, además de en concurso ideal con un delito de lesiones, suele resolverse jurisprudencialmente aplicando el subtipo agravado del art. 325.2 in fine por crear un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas.

Así las cosas, en el supuesto de hecho arriba mencionado, la regente del bar es la persona que está al frente del ejercicio de una actividad empresarial que, infringiendo la normativa aplicable, puede suponer la comisión de un delito ambiental. El incumplimiento de las obligaciones pertinentes a su esfera de competencias como regente del local es lo que se toma como base -también en la propia SAP-Murcia- para atribuirle responsabilidad penal como autora de un delito ambiental, entre otros. Como es sabido, entre los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 328 CP). Igual que en todos los tipos de la parte especial del Código penal en los que expresamente se prevé esta clase de responsabilidad, también en el art. 328 CP se hace mención a una exigencia básica e indispensable para poder imponer una pena a una persona jurídica por un delito ambiental. Y esta exigencia no es otra que la de que la responsabilidad de la persona jurídica exista “de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis”. Por tanto, de nuevo, la atribución de una pena a una persona jurídica no puede obviar un régimen general de fundamentación de su responsabilidad penal.

En el caso planteado, la comisión delictiva se lleva a cabo a través del desarrollo de una actividad empresarial. Ahora bien, ello no es suficiente para atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica que, en este caso, a lo sumo da forma legal a ese Café-Bar y que es la titular del establecimiento desde el cual se comete la infracción. Con base en lo establecido en el art. 31 bis CP, la responsabilidad penal de la persona jurídica requiere, en primer lugar, que el delito sea cometido bajo ciertas circunstancias, en su beneficio directo o indirecto y por parte de determinadas personas (vid. a) y b) art. 31 bis 1 CP). Todos estos elementos de conexión previstos en la ley penal son indicadores, al final y al cabo, de una estructura organizativa que debe existir y amparar la actuación delictiva cometida por alguno/s de lo/s miembro/s de esa organización. En esta medida, para poder afirmar la responsabilidad penal de la persona jurídica, más allá y de forma independiente a la de la/s persona/s física/s que haya/n cometido el delito, es necesario identificar una estructura organizativa defectuosa de la que es titular la persona jurídica. Y ello, desde luego, no debe entenderse en un sentido absolutamente formal, sino principalmente en un sentido material.

La comisión delictiva de la persona que regentaba el Café-Bar musical no puede, en este caso, hacer responder penalmente a la persona jurídica que, simplemente, aparece como titular del establecimiento. Descartando que la actuación calificada como delictiva de la regente del bar pueda vincularse con la letra a) del art. 31 bis 1 CP, podría plantearse si la atribución de responsabilidad penal a CAN2, S. L. estaría vinculada con la vía de imputación prevista en la letra b) del mismo precepto. En concreto, tendría que valorarse si, por un parte, el delito cometido por la regente del local se hizo en el marco de la actividad social de la persona jurídica y por cuenta y en su beneficio directo o indirecto y, por otra parte, si aquélla pudo cometer el delito porque, estando sometida a la autoridad del administrador único de la sociedad, éste incumplió gravemente sus deberes de supervisión, vigilancia y control. En primer lugar, y en tanto el contrato de arrendamiento del local implicara que la regente asumía la gestión de un negocio que ya estaba en funcionamiento, podría afirmarse que su actuación se enmarcaba en la actividad social de la persona jurídica y que, además, le generaba un beneficio (indirecto). Ahora bien, en segundo lugar, resulta mucho más difícil afirmar que el delito se pudo cometer por una persona subordinada a la autoridad material de la persona que dirigía la persona jurídica -en este caso, el administrador único de CAN2, S. L.- y que esta persona ostentaba sobre la actividad de la regente del Café-Bar unos deberes materiales de supervisión, vigilancia y control que infringió gravemente.

Con base en las circunstancias del caso, no puede afirmarse que la actuación delictiva se realizara al amparo de una estructura societaria defectuosa. Aunque el delito lo deba cometer una persona física y así haya sucedido, para desterrar la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica de lo que sería una responsabilidad objetiva, es necesario que el delito cometido se enmarque en un contexto organizativo empresarial defectuoso. Solamente así debería poderse afirmar que la persona jurídica asume la responsabilidad penal por la actuación de una persona física (en este sentido, vid. Circular de la FGE 1/2016, p. 10).

Con todo -y ¡¡tranquilos!!-, que en este caso se concluya con la ausencia de responsabilidad penal de la persona jurídica por un delito de contaminación acústica, no significa que se eliminen otro tipo de vías reparadoras. Pensemos que aún nos quedaría la posibilidad de considerar a la persona jurídica como responsable civil subsidiaria (vid. art. 120.4º CP). Sobre ello, desde luego, también hay que darle un par de vueltas.