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Responsabilidad penal de la empresa por delitos cometidos «en su beneficio»

abril, 2018

Uno de los elementos requerido por la legislación española (artículo 31 bis Código Penal), en orden a la posible declaración de responsabilidad penal de una persona jurídica (RPPJ), viene referido al beneficio que el delito pudiere comportarle a la entidad.

En ambos supuestos de RPPJ (tanto la que tiene lugar por delitos cometidos por personal jerárquico, como la que se activa por delitos cometidos por subordinados), la imputación al ente ideal requiere que el autor del ilícito actuara «…en su beneficio directo o indirecto»; es decir, en beneficio de la empresa.

El Tribunal Supremo español ya anticipó que la interpretación de esta exigencia sería, con toda seguridad, objeto de importantes debates, que tendrían que resolverse caso por caso (STS 154/2016, de 29 de febrero).

Ahora bien, esa apelación a la casuística y, por tanto, a esperar algunos años para ir fijando el alcance la norma, parece apropiada para resolver las dudas que surjan acerca del sentido semántico del vocablo «beneficio».

Sin embargo, la controversia en torno a esta exigencia legal va más allá de eso, y algunas de las cuestiones que se debaten sí pueden y necesitan ser concretadas con carácter general, pues no dependen de la definición del término beneficio y de ellas sí dependen, en cambio, algunos ajustes de las funciones de prevención que hoy se exigen a las empresas.

Aquí mencionaremos solo algunas de las dudas que genera esta norma y que requieren una solución.

En primer lugar, se discute si el beneficio, cualquiera sea el modo como se lo defina, debe haberse concretado o no.

Según parece, mientras no se consoliden jurisprudencialmente otros criterios posibles, la tesis a seguir es la que expuso la Fiscalía General del Estado desde la Circular 1/2011, cuando ya optaba por interpretar esta expresión legal “…conforme a parámetros objetivos, sin exigir la efectiva constatación del beneficio”.

La segunda cuestión controvertida se sitúa en la preposición y adjetivo posesivo que anteceden al término beneficio, pues el modelo de responsabilidad penal de la empresa está previsto para ciertos delitos cometidos «…en su beneficio directo o indirecto».

En nuestra opinión, aunque el legislador podría haber incorporado este elemento del beneficio de una forma más neutra (por ejemplo, exigiendo que el delito cause un beneficio, provoque un beneficio, genere un beneficio, o expresiones semejantes), afortunadamente no lo hizo.

Cabe defender que optó por un modelo que limita la responsabilidad penal de la empresa a los delitos cuyo autor actuó procurando beneficiar al ente ideal. Como un supuesto de los denominados “elementos subjetivos de tendencia interna”, cuya particularidad reside, en este caso, en que de su constatación no depende la tipicidad del delito cometido por los directivos o empleados de la empresa, sino tan solo su eventual enlace con la responsabilidad (penal) del ente ideal.

De este modo, no serían imputables a la persona jurídica aquellos delitos que, pese a beneficiarla, no fueron cometidos con el fin de conseguir esa ventaja o utilidad empresarial, aunque tal beneficio efectivamente se produzca (supuesto que podría dar lugar a otro tipo de responsabilidad, como la que alcanza a los partícipes a título lucrativo del artículo 122 CP, si fuera el caso de concurrir sus presupuestos).

Más difícil es sostener que la responsabilidad penal de la empresa se active solamente por delitos que benefician exclusivamente a la entidad, o que el beneficio que ella experimenta deba ser, de algún modo, preponderante en relación con el que pueda aprovechar el propio autor del delito o un tercero; pero también son supuestos que darán lugar a intensos debates.

Por último, mencionaremos que tampoco está claro para jueces y fiscales si el beneficio para la empresa debe aparecer como un motivo determinante para el autor persona física; es decir, como el factor que decide al autor a cometer el ilícito, o si basta, en cambio, con que “cuente con él”, para serle imputado también a la empresa.

Se trata de temas que tienen repercusiones importantes, tanto de orden sustantivo como procesal, algunas de las cuales iremos desarrollando con más profundidad en futuras contribuciones.

Por lo pronto, es importante tener en cuenta las dudas que existen en torno a este elemento del artículo 31 bis CP, para poder anticiparse y adecuar tanto el diseño como la implementación de su Programa de Cumplimiento Normativo al escenario judicial más exigente posible. Sólo así, el PCN podrá aspirar a operar con efectos excluyentes o atenuantes de la responsabilidad penal de su empresa.