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Realización arbitraria del propio derecho: multa a los impacientes

diciembre, 2018

En el actual artículo 455.1 del Código Penal español, se contempla el delito comúnmente conocido como “realización arbitraria del propio derecho”, sancionándose con una multa (de seis a doce meses) a quienes, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, emplearen violencia, intimidación o fuerza en las cosas.

A diferencia de lo que ocurría con la regulación anterior, para la aplicación de esta figura penal no es necesario acreditar un resultado concreto; basta con haber utilizado cualesquiera de esos modos comisivos, sin importar si el autor consiguió efectivamente lo que pretendía. De este modo, queda excluida la posibilidad de apreciar supuestos de tentativa, pues el delito queda consumado ni bien se emprenden las vías de hecho violentas, intimidatorias o con fuerza en las cosas, si tales formas de actuar aparecen como un medio para conseguir el finde realización de un derecho propio.

Dicho en otros términos, lo que se castiga mediante esta figura penal son aquellos intentos de “hacer justicia por mano propia”, que es una decisión que puede salir muy cara. Un acreedor que de forma violenta se apodera de cosas del deudor moroso para satisfacer su crédito; un propietario que cambia la cerradura del piso y se queda con bienes de su inquilino, para compensar alquileres impagos; o un exempleado que, tras ser despedido injustamente y sin indemnización, se lleva por la fuerza un ordenador de la empresa; son algunos ejemplos más o menos frecuentes en los que se ha condenado en los términos de esta figura penal.

Por supuesto, en ocasiones los casos no son tan claros, y puede suceder que se trate, por ejemplo, de supuestos a resolver en términos puramente civiles. Pero también es posible que se interprete que se han cometido delitos más graves que el que estamos comentando. Como podrá advertirse, se trata de supuestos que están en el límite, según sean las características de cada caso, de allanamientos de morada, daños, robo, apropiación indebida, coacciones, extorsión, etc.

Y es que, en efecto, su ubicación sistemática en el Código Penal, entre los delitos contra la administración de justicia, no impide reconocer el carácter potencialmente pluriofensivo de estos comportamientos, es decir, que no solo afectan la potestad exclusiva del Estado de decidir lo que corresponda en cada caso, sino también, eventualmente, al patrimonio de la víctima, a su intimidad, a su libertad, etc.

Por ello, resulta decisivo encontrar criterios objetivos, que permitan distinguir cuándo estamos frente a un delito de realización arbitraria del propio derecho y cuándo, en cambio, ante otros tipos penales que habilitarían la imposición de una sanción más grave (generalmente, de prisión).

En nuestra opinión, el único criterio jurisprudencial estable (no por ello preciso) es el que permite distinguir a esta figura de los delitos patrimoniales que exigen ánimo de lucro en el autor, como sucede con el delito de robo. Así, se entiende que, mientras el autor del delito del art. 455 CP busca reparar o evitar un empobrecimiento injusto, el autor de un robo, en cambio, guía su comportamiento con la intención de obtener un enriquecimiento injusto[Sentencias del Tribunal Supremo de 29.9.2003 (RJ 2003, 7205), 26.10.2008 y 29.6.2009 (RJ 2009, 4345), entre otras].

Para explicarlo mejor, aprovecharemos los hechos que dieron lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª), núm. 109/2017, de14 septiembre, que confirmó la condena a la acusada en los términos del art. 455 CP, por resultar particularmente claros en cuanto al fin que motivó a la autora a actuar del modo como lo hizo. Los hechos probados fueron los siguientes: la acusada, teniendo conocimiento de que su perro se encontraba en la perrera municipal, tras varios días de haberlo extraviado, saltó la valla que rodeaba la perrera, accedió a su interior y, con un martillo, fracturó el candado de la jaula donde estaba su perro y se lo llevó consigo, ¡dejando en el lugar otro candado nuevo con su correspondiente llave! Por estos hechos, fue condenada por un delito de realización arbitraria del propio derecho, con la atenuante de reparación del daño, a la pena de seis meses de multa (casi 300 euros, en ese caso).

Más allá de lo pintoresco del caso, hemos optado por esta sentencia, porque los hechos ofrecen elementos claros para inferir el ánimo de la autora, que no iba dirigido a causar daños y quedarse con bienes ajenos, sino a recuperar un bien propio (en este caso, un semoviente, el perro de su propiedad), algo a lo que, en última instancia tenía derecho, lo que permitió excluir la aplicación de las figuras más graves. De hecho, de la lectura completa de la sentencia que hemos citado, surgen elementos que podrían incluso haber dado lugar a la aplicación de una eximente por estado de necesidad, que efectivamente fue solicitada pero rechazada por el tribunal, con argumentos más que discutibles (pues la perrera estaba temporalmente sin su cuidador, el perro llevaba tres días sin agua ni comida en pleno mes de junio, mostraba signos evidentes de deterioro de su salud y era un día domingo, con las limitaciones que ello implicaba en cuanto a la posibilidad de acudir a las vías legales de auxilio). Según el relato de la acusada, ésta habría dejado, además del candado nuevo, una nota con sus datos personales y un número de contacto (que no fue hallada en el lugar); circunstancia que no se incluyó en los hechos probados, pero que resulta creíble a partir de los demás elementos de pruebas que se incorporaron durante el juicio. Parece claro, en este caso, que el motivo que determinó el actuar de la acusada era evitar un empobrecimiento injusto(la muerte de su mascota o el deterioro de su salud) y no la intención de obtener un enriquecimiento injusto (ánimo de lucro, que caracteriza al delito de robo).

En fin, que nuestras intuiciones acerca de lo justo o injusto de una determinada situación, pueden llevarnos a actuar de un modo prohibido por el derecho penal y a ser sancionados, en el mejor de los casos, con una multa, si es que no con una pena más grave, que podría evitarse buscando el asesoramiento previo adecuado y acudiendo a las vías legales correspondientes, aunque tardemos un poco más.