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Malos socios, peores parientes

mayo, 2017

La relación de parentesco, que puede existir entre autor y víctima de un delito, constituye un factor que el legislador toma en cuenta con efectos muy diversos en derecho penal. Así, en el artículo 23 del Código Penal español, se contempla la denominada circunstancia mixta de parentesco. Se trata de una norma que habilita (es decir, que faculta, pero no obliga) a los jueces a atenuar o agravar la responsabilidad penal del ofensor, cuando éste es pariente de la víctima. De este modo, si la víctima es cónyuge o una persona que esté o haya estado ligada de forma estable con el autor por una relación análoga de afectividad (como las parejas de hechos, por ejemplo), o si es ascendiente, descendiente o hermano del ofensor o de su cónyuge o conviviente, entonces los jueces pueden valorar esta circunstancia, según corresponda. Si ello agrava o atenúa la responsabilidad penal, es algo que depende de cuál sea la naturaleza, los motivos y los efectos del delito. En general, los tribunales españoles han aplicado esta norma como agravante en los delitos contra la vida e integridad física de las personas y contra la libertad sexual; y como atenuante en los delitos contra la propiedad.

A su vez, en algunos delitos contra el patrimonio, la relación de parentesco tiene una trascendencia aún mayor, puesto que incluso llega a operar como un factor que excluye la responsabilidad penal. La relación de parentesco funciona, aquí, como una excusa absolutoria. Así, el artículo 268 del Código Penal establece que: están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil (es decir, a la reposición de las cosas a su estado anterior o a la indemnización de los daños y perjuicios) los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima (por razón de edad, o por discapacidad.) Y para algún distraído, no está de más recordar que esta excusa no es aplicable a los extraños (es decir, a los no parientes) que participaren en el delito. Es decir, que en estos delitos contra el patrimonio, a la víctima no le queda más alternativa que acudir a un juez de lo civil y reclamar, según sea el caso, alguna forma de reparación del daño o de los perjuicio causados, pero el autor (pariente), no puede ser sancionado con una pena.

Por otro lado, y al margen de lo anterior, también esta circunstancia de parentesco es tenida en cuenta por el legislador en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; es decir, la que regula el modo como ha de ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales la posible comisión de un delito, cómo se lo debe investigar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables. En los artículos 102, 103 y 104 de la LECrim., se contemplan limitaciones, algunas por razón de parentesco, al ejercicio de la acción penal. En rigor, no se trata de una limitación que impida la denuncia del hecho a las autoridades judiciales, sino la posibilidad de comparecer en el proceso penal como parte querellante contra el o los autores del posible delito. En concreto, el artículo 103 de la LECrim., establece que no podrán ejercitar acciones penales entre sí: 1.º Los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia. 2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por la adopción o por afinidad, a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta interesante hacer una breve mención a un recurso de apelación que tuvo ocasión de resolver la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid (núm. 327/2012, Ponente: IIlmo. Sr. D José María Casado Pérez). En esas actuaciones se investigaba a varias personas por la posible comisión de delitos societarios, falsificación de documentos, amenazas y coacciones, que habrían tenido lugar en relación con actividades llevadas a cabo en unas entidades mercantiles, y cuyos socios eran, a su vez, parientes entre sí. La investigación tuvo su origen en una querella interpuesta, entre otros, por la esposa de uno de los querellados, ya separada de hecho a la fecha de inicio de la investigación. La defensa argumentó que la parte querellante carecía de legitimación para ejercer la acción penal conforme al artículo 103 de la LECrim y que, además, concurría la excusa absolutoria del artículo 268 CP en relación con algunos de los delitos denunciados, dada la relación de cónyuges que existía entre uno de los querellados y la querellante, quienes se habían separado de hecho en julio de 2008. Inicialmente, el Juez de instrucción acogió el argumento y dictó auto sobreseimiento libre de la causa para el ex esposo, respecto de los hechos que pudieran constituir delitos societarios y/o apropiación indebida, y que pudieran haberse cometidos antes de la ruptura de la convivencia conyugal con una de las querellantes.

La representación de esta última interpuesto un recurso de reforma contra esa resolución y el juzgado estimó el recurso acordando continuar la causa. Contra esa decisión, el querellado presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Entre sus argumentos, el apelante planteó que “la sociedad formada por la parte querellante y querellada es una sociedad familiar, constituida única y exclusivamente por la familia, entre cuyos miembros, como es el caso, procede la aplicación de la excusa absolutoria” del artículo 268 CP y que, además, el art. 103  de la  LECrim. “prohíbe el ejercicio de acciones penales entre sí a los cónyuges, a no ser por delitos cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos”, no siendo este el caso.

El tribunal de apelación entendió que: “…los planos jurídicos sobre los que han de operar los arts. 268 del CP y 103 de la LECrim. no se superponen. Mientras que el primero centra su objetivo en la regulación de las excusas absolutorias derivadas del parentesco, el segundo se refiere a los presupuestos del ejercicio de la acción penal. Pero también es cierto que la exégesis del uno no puede hacerse con absoluta independencia del otro. No tendría sentido aceptar una interpretación literal del art. 103 de la LECrim. que condujera a excluir la posibilidad de ejercer la acción penal por aquel que, habiendo iniciado un proceso de separación o divorcio, viera menoscabado su patrimonio por acciones de su cónyuge que, desde el momento de la separación de hecho, ya no tendría a su favor la exención de responsabilidad que el art. 268 del CP le otorgaba durante la convivencia. Resultaría un contrasentido, en fin, que la persecución de hechos delictivos no amparados en ninguna excusa por razón del parentesco, fuera sometida por el legislador a limitaciones que no guardan relación con el fundamento mismo de la exención. Si el ataque al patrimonio de uno de los cónyuges ya no puede resultar impune por desbordar los límites del art. 268 del CP -separación de hecho o demanda de separación, nulidad o divorcio-, carecería de lógica que, con el cuestionable fundamento de la fidelidad a una interpretación estrictamente literal del art. 103 de la LECrim, la víctima no pudiera promover el ejercicio de la acción penal con el fin de reparar la ofensa sufrida por el delito. En definitiva, cualquier delito cometido entre cónyuges, en ausencia de los presupuestos que justifican la aplicación de la excusa absolutoria prevista en el art. 268 del CP, podrá ser perseguido por la víctima, sin limitaciones derivadas de la literalidad del art. 103 de la LECrim, cuyo contenido ha de ser interpretado en estrecha relación con el fundamento y los presupuestos de la exención (…).” En consecuencia, desestimó el recurso de apelación, confirmando la continuación del expediente judicial.