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La usurpación de bien inmueble

septiembre, 2017

La “okupación”

Nuria es propietaria de un piso que esperaba acondicionar y poner en alquiler. Al llegar con el arquitecto que se encargaría de las obras, descubre que su inmueble estaba ocupado por personas que no conocía. Manuela, quien abrió la puerta, le explicó que había visto un aviso adherido a una farola que promocionaba: “Piso en alquiler”, y un teléfono de contacto al que llamó; que se citó con una persona a quien entregó seiscientos euros por el primer mes y otros seiscientos como fianza, y que la acompañó hasta el piso entregándole las llaves. Manuela dijo que no tenía un contrato escrito; que le prometieron que firmarían uno al mes siguiente, cuando fueran a cobrar la segunda mensualidad, y que pensaba que para eso venían. Nuria se retiró del lugar y regresó con la policía.

Los agentes le indicaron a Manuela que había sido denunciada por la usurpación del piso en el que se encontraba, pues lo estaba ocupando sin el consentimiento del propietario. Ante ello, Manuela explicó que había pagado mil doscientos euros y que le habían prometido un contrato. Sin embargo, el juzgado había iniciado la tramitación de la denuncia y ya había señalado fecha para el juicio por delito leve de usurpación de bien inmueble. Nuria era víctima de un delito de usurpación y Manuela, probablemente, víctima de una estafa y acusada, ahora, de “okupa”.

El de Nuria y Manuela no es un caso aislado; ocurre diariamente en Barcelona y otras ciudades de España, donde operan grupos organizados que irrumpen en inmuebles no habitados, cambian las cerraduras, “pinchan” los servicios, y luego los ofrecen en alquiler a personas que no siempre conocen el origen ilícito del acceso a esa propiedad.

La conducta delictiva

El delito de usurpación pacífica de bien inmueble

Lo que coloquialmente se conoce como “okupación”, se encuentra regulado en el artículo 245.2 del Código Penal: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”.

Se trata de un delito leve que protege el patrimonio inmobiliario cuando existe un perjuicio a su titular. Al respecto, es clarificadora la sentencia del Tribunal Supremo 800/2014, de 12 de noviembre, donde se detallan los elementos que deben darse para entender que existe usurpación:

  1. Ocupación, sin violencia o intimidación, de un bien inmueble, vivienda o edificio que no constituya morada de una persona en ese momento, y que se haga con voluntad de permanencia.
  2. Que la perturbación posesoria del bien inmueble pueda ser calificada como ocupación, ya que la interpretación de la acción delictiva debe realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido (el patrimonio inmobiliario) y del principio de proporcionalidad que informa el sistema penal.
  3. Quien realiza la conducta de ocupación debe carecer de un título jurídico (contrato, escritura pública o cualquier otro documento que le legitime para el uso del bien inmueble), pues en caso contrario, incluyendo el título de precarista, no puede considerarse la acción como delictiva.
  4. No debe existir voluntad de tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, como después. Esta ausencia de consentimiento de ocupación debe ser expresa, de no ser así, podría apreciarse la condición del ocupante como precarista.
  5. Debe existir dolo en el autor, en cuanto tiene conocimiento de la ajenidad del inmueble y la ausencia de autorización del titular, junto con la voluntad de perturbar la posesión del titular del bien, esto es, afectar el bien jurídico protegido por este tipo penal.

El delito de usurpación violenta de bien inmueble

La figura descrita en el apartado anterior se da siempre que no exista violencia o intimidación en las personas al ocupar un bien inmueble. En cambio, en el art. 245.1 del Código Penal, se dispone que: “Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado”.

Si en la usurpación de bien inmueble media violencia o intimidación, se pierde la consideración de delito leve y es considerado delito “menos grave”, atendiendo a lo dispuesto en el art. 33.3 del Código Penal, que categoriza la gravedad de los delitos en función de sus penas.

Diferencias entre el delito de usurpación de bien inmueble y el delito de allanamiento de morada del art. 202 del Código Penal

La “okupación” de un bien inmueble siempre supone una perturbación de la posesión legítima de una persona. Sin embargo, es imprescindible destacar que la situación es distinta cuando se produce sobre un bien inmueble que constituye, efectivamente, la morada de alguien.

La “morada”, según señala la doctrina, es el local donde habita una persona o espacio físico delimitado que permite a su morador proteger su vida privada y ejercer su facultad de exclusión respecto de terceros. Tienen, también, consideración de morada, algunos espacios delimitados exteriores a la vivienda pero unidas a la misma: patios, garajes, jardines… La morada trasciende el derecho de propiedad y va más allá, protegiendo la intimidad de los moradores, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución.

Por todo ello, al encontrarnos ante una ocupación de morada, será procedente, no la apreciación de un delito de usurpación de bien inmueble, sino de allanamiento de morada, que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, si no ha mediado violencia o intimidación, y con penas de uno hasta cuatro años de prisión, en caso contrario.

Las posibilidades del propietario ante una situación de ocupación

La vía penal

El titular, una vez tiene noticia de que el bien inmueble está siendo ocupado, puede presentar denuncia o querella ante la policía o el Juzgado de Guardia correspondiente al partido judicial donde está situado el bien.

Como se ha señalado, siempre y cuando no medie violencia ni intimidación, los hechos desembocarán en un juicio penal por delito leve. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción penal es de un año, a contarse desde el momento en que cesa la ocupación del bien inmueble.

Al tratarse de un delito leve, el proceso es más rápido que para los delitos graves. El art. 965 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, una vez el juez recibe la denuncia o la querella, señalará la celebración del juicio oral en un plazo no superior a siete días, para lo cual emitirá las citaciones a las partes y a los testigos que hayan sido propuestos.

El propietario tiene derecho a personarse como parte en el procedimiento y a designar abogado y procurador para su defensa y representación. Asimismo, también tiene derecho a conocer el contenido de todo lo actuado, a comparecer con las pruebas de que disponga para la defensa de sus intereses y a reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados por el delito.

La vía civil

Por otra parte, cabe hacer mención a los mecanismos civiles de recuperación de un bien inmueble ocupado ilegítimamente por otra persona.

El propietario, que no mero poseedor, tiene al alcance la posibilidad de recuperar la propiedad del bien ocupado ilegítimamente mediante una acción reivindicatoria, regulada en el art. 348 del Código Civil.

El interdicto posesorio, amparado en el art. 446 del Código Civil, es otro mecanismo del que disponen los propietarios y poseedores para que se les reconozca su derecho a poseer el bien ocupado.

La acción publiciana, regulada en el art. 348.2 del Código Civil, permite a los poseedores y detentores recuperar la posesión del bien ante poseedores sin título o de “peor derecho”.

Igualmente y sin pretender la recuperación del bien, el propietario puede instar mediante un proceso civil una declaración judicial que certifique su titularidad. Para ello, el propietario puede acogerse al mecanismo de la acción declarativa de dominio. Esta acción solamente se dirige a la obtención de una declaración de que el derecho de propiedad existe, creando así una situación de “certeza jurídica”. Esta acción no pretende una ejecución, a diferencia de la acción reivindicatoria.

Cabe destacar que, debido a la rigidez de los procesos civiles y a la falta de adaptación de la normativa, estas acciones pueden prolongarse durante años. Por ello, atendiendo a la gravedad de la conducta y a la afectación al derecho a la propiedad que suponen este tipo de situaciones, la jurisdicción penal se presenta como una vía más eficaz para los intereses de los propietarios afectados. En este sentido, debe tenerse en cuenta que una sentencia condenatoria, al devenir firme, legitima a una expulsión inmediata de los ocupantes del inmueble.

El desalojo de los ocupantes

En el caso de dictarse sentencia condenatoria por usurpación de bien inmueble, esta fijará, como una de las consecuencias de la condena: el desalojo de los ocupantes. Si estos no abandonaran por sus propios medios la vivienda ocupada, será el mismo juzgado que ha dictado la sentencia el que instará el desahucio de los “okupas” por la vía de ejecución.

A diferencia de los procesos civiles, como se ha indicado anteriormente, la devolución de la vivienda a su propietario/titular es mucho más rápida por la vía penal. Los trámites tienen unos plazos más breves y gran parte de los que implica juzgar y ejecutar lo juzgado, esto es, condenar a los ocupantes y expulsarlos para devolver el inmueble a quien lo reclama, queda centralizada en el mismo órgano jurisdiccional.