[Blog]

¿Qué es la gestión de residuos y por qué puede ser delictiva?

diciembre, 2019

El aumento en la generación de residuos comporta una problemática ambiental muy relevante. Y ello no solamente por la ocupación y el deterioro del paisaje que deriva de su acumulación, sino también por la consiguiente contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera. Así las cosas, además de los movimientos sociales y ecologistas actuales, la tendencia legislativa internacional, europea y nacional se orienta hacia la necesidad de adoptar, en primer lugar, medidas de prevención orientadas a reducir la producción de residuos y a fomentar un desarrollo sostenible. En este contexto, precisamente, cobra relevancia la denominada gestión de residuos como forma de prevenir los daños ambientales.

Según la regulación administrativa, por gestión de residuos se entiende su recogida, transporte y tratamiento—incluyéndose aquí las operaciones de valorización o eliminación—, la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. Sin duda, las que sean y cómo sean las operaciones debidas de gestión de residuos variarán en función de la clase de residuos y del territorio en el que se tengan que gestionar. Así, por ejemplo, la concreta gestión que deba darse a los residuos orgánicos no será la misma que la que deba darse a los vehículos en desuso. Y ello, no solamente por la propia naturaleza de los residuos a gestionar, sino también por las personas competentes de su gestión. En este último sentido, es necesario referirse a los sujetos vinculados con la prevención y la gestión de los residuos.

El primero al que cabe mencionar es al productor de residuos, entendiéndose por tal tanto la persona que originariamente los genera como cualquier otra persona que interviene antes o posteriormente en su tratamiento, siempre y cuando éste modifique la naturaleza o composición de los residuos (vid. Ley 22/2011, art. 3 i)). El productor de residuos también puede reunir la condición de poseedor de residuos (vid. art. 3j)). La tercera figura es la del negociante, esto es, toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos (art. 3 k)). Junto con el negociante, también existe la figura del agente, quien se ocupa de organizar la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros (art. 3 l)). Por último, la Ley 22/2011, de 28 de julio, define al gestor de residuos como «la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos» (art. 3 n)). A la vista de estas definiciones, cabe advertir que en una misma persona pueden concurrir varios de estos roles.

Si bien el liderazgo en la promoción de la prevención y la gestión de residuos está en manos de las distintas administraciones públicas, también el sector privado y, en concreto, las empresas privadas pueden tener un papel determinante en la gestión de residuos. Y ello, al menos, por dos razones. Primero, porque todas las empresas generan, en mayor o menor medida, residuos como consecuencia de su actividad empresarial. Por tanto, también las empresas son productoras y poseedoras de residuos, debiéndose ocupar de adoptar las medidas necesarias para la prevención de su generación y para su correcta gestión. Segundo, porque en determinadas ocasiones el objeto social de la empresa puede ser la propia actividad de gestión de residuos, entendida ella en toda su extensión. De ahí que una empresa pueda dedicarse tanto a la gestión directa de residuos —por ejemplo, por estar autorizada para el transporte de residuos—, como ser negociante o agente —por ejemplo, por dedicarse a la transformación de los residuos a través de su eliminación y así generar energía renovable—.

Así las cosas, más allá de las sanciones previstas en la regulación administrativa, conforme a la regulación penal actual, determinadas infracciones en materia de gestión y traslado de residuos también pueden conllevar responsabilidad penal, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. En concreto, esto se establece en el art. 326 CP —y en el art. 328 CP se prevé la posible responsabilidad penal de la persona jurídica—, entre los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En el primer apartado del art. 326 CP se castiga la denominada gestión ilegal de residuos, cuya comisión tiene lugar por parte de los que “contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. La diferencia fundamental entre esta modalidad delictiva de gestión ilícita de residuos —configurada como norma penal en blanco— de la que podría ser una simple infracción administrativa es básicamente la producción de alguno de los resultados típicos. A saber, o bien la causación o peligro de causación de daños sustanciales al medio ambiente, o bien, el peligro de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Desde luego, el legislador penal no facilita la concreción de los espacios de riesgo penalmente permitido, siendo algo que deberá concretarse a partir de la interpretación doctrinal y jurisprudencial de términos como “daño sustancial”.

En el segundo apartado del art. 326 CP se sanciona al que traslade, que no transporte, una cantidad no desdeñable residuos. Desde luego, esta expresión adolece de un elevado grado de indeterminación que, sin duda, dificultará la aplicación de este tipo penal. Tanto el traslado como el transporte son operaciones mediante las que los residuos se destinan a su valorización o eliminación, si bien su diferencia se establece en función del alcance territorial de la actividad. Por ejemplo, será traslado y no transporte cuando se efectúa entre un país y otro. Si bien se trata de un delito común, teniendo en cuenta la especificidad de la conducta tipificada, los principales destinatarios de esta norma son aquellas personas que se dedican profesionalmente a esta parte de la actividad de gestión de residuos.

Desde luego, la gestión de residuos entendida en su complejidad es una actividad en la que pueden ocupar un papel muy relevante las empresas y organizaciones privadas. En esta medida, y atendiendo a la lógica del beneficio, tiene sentido que también los delitos contra el medio ambiente formen parte de aquellos delitos que pueden generar responsabilidad penal de las personas jurídicas con base en el art. 31 bis CP. Y, con ello, también la prevención de los delitos de gestión de residuos es algo que debe ser abarcado por los programas de cumplimiento. Ahora bien, para ello habrá que tener en cuenta que estamos en un contexto en el que impera la complejidad científica y técnica. En ocasiones es muy difícil determinar con precisión cuál es el riesgo ambiental que supone la realización de una determinada actividad, instalación o producto. En esta medida, se trata de un entorno en el que deben tomarse decisiones más bien sobre la base de incertidumbres que sobre la base de evidencias. Esto encaja con el denominado enfoque basado en el riesgo. El problema es que el concepto de “riesgo” a prevenir se va a convertir, por lo menos en lo que respecta al ámbito ambiental, en un concepto global del que muy difícilmente se va a poder identificar y diferenciar la parcela que le corresponde al criminal compliance.