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Investigaciones internas, ¿qué hay de las garantías de defensa de las personas físicas?

mayo, 2019

Como ha señalado la doctrina más reconocida (Nieto Martín), un programa de cumplimiento puede entenderse o bien como un instrumento orientado a valores o bien como un instrumento basado en la supervisión, vigilancia y control. Aunque sea posible identificar ventajas e inconvenientes de ambos enfoques, parece que la perspectiva más respetuosa para con los derechos fundamentales de las personas físicas- que, por cierto, pueden resultar afectados a propósito de una investigación interna- es la que promociona el programa de cumplimiento basado en valores. Si bien un programa de cumplimiento debe contener medidas de prevención y control de riesgos, la única forma de provocar un efecto envolvente de la cultura de cumplimiento es haciendo que los valores, principios e intereses de los miembros de la empresa sean lo más coincidentes con los propios de su empresa. Una de las demostraciones más importantes del éxito de este objetivo sería, llegado el momento, la colaboración de todos los empleados en una investigación interna.

En términos generales, la eficacia de una futura investigación interna requiere de cierta “preparación” de la propia organización empresarial. A estos efectos, por ejemplo, es fundamental definir con claridad el contenido, la difusión y la propia formación del Código Ético en toda la empresa. Esto es una tarea que, en función de las dimensiones y dinámicas internas, puede llegar a ser larga y costosa. Asimismo, se hace necesario el desarrollo y la implantación de protocolos y políticas claras de actuación, haciendo partícipes a todos los miembros de la empresa.

Si en un supuesto específico surge la necesidad de iniciar y ejecutar una investigación interna pueden plantearse diversas situaciones de conflictos de intereses. En concreto, debemos preguntarnos qué sucede en la siguiente situación: en el marco de las entrevistas que se efectúan en una investigación interna por un posible delito de corrupción, un empleado del departamento comercial de la empresa y posiblemente vinculado con los hechos se niega a hablar. ¿Tiene derecho a guardar silencio?

Sin duda, si estuviéramos en el marco de un proceso penal en sentido estricto, no tendríamos problemas en afirmar que a la persona a la que se le atribuye un hecho punible tiene una serie de derechos de defensa, entre los que se incluye el de guardar silencio (vid., por ejemplo, art. 118 LECrim). Ahora bien, una investigación interna, aunque pueda ser tildada de proceso, no es un proceso judicial. Se trata, más bien, de un procedimiento privado en el que, si bien son de aplicación determinadas disposiciones jurídicas, no existe una frontera claramente delimitada entre lo lícito y lo ilícito. En efecto, más allá de aludir a que el poder de dirección singular del empresario -reconocido en los arts. 1.1, 5. c y 20 ET- debe respetar los derechos de intimidad y del secreto de las comunicaciones de los empleados, las pautas más específicas respecto a la delimitación de la forma de proceder en una investigación interna no están sujetas a una regulación jurídica específica. Es más, el hecho de que un empleado se niegue a dar la información que se le requiere en una investigación interna o que proporcione información inveraz, puede suponer un incumplimiento de su contrato laboral y, de ahí, facultar al empresario a imponerle sanciones disciplinarias. Frente a ello, la inseguridad jurídica respecto de cuáles son las garantías que amparan a las personas sujetas a una investigación se puede transformar en un escenario de indefensión que, incluso, puede trascender del marco de la autorregulación empresarial.

Con todo, y en previsión de que en muchas ocasiones no estaremos ante el supuesto idílico de coincidencia de intereses entre empleado y empresa, se hace necesario configurar el terreno de las investigaciones internas de forma que se respeten los derechos y garantías de ambas partes. Y ello, entre otros aspectos, teniendo en cuenta que esa investigación interna de carácter privado puede ser previa al inicio de un procedimiento penal o transcurrir de forma paralela. Ahora bien, es cierto que, de momento, está en manos de las empresas la decisión final respecto a las garantías que deben inspirar las investigaciones internas. No es una cuestión de deberes jurídicos claramente definido, sino más bien de valores de actuación.