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Estafa contractual (o estafa y punto)

febrero, 2018

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo español, los elementos presentes en el delito de estafa del artículo 248.1 CP son: 1) La utilización de un engaño previo bastante, para generar un riesgo no permitido para el patrimonio de la víctima; 2) relación de causalidad entre el engaño del autor y el error del sujeto pasivo, 3) un acto de disposición patrimonial de la víctima en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero; 4) dolo (pues no existe la estafa imprudente) y ánimo de lucro; y 5) perjuicio para la víctima (SSTS 220/2010, de 16-2; 752/2011, de 26-7; y 465/2012, de 1-6, entre otras).

Ahora bien, y centrándonos sólo en el primer elemento, es importante advertir que el carácter previo -o coetáneo- del engaño lo es en relación con el momento del desplazamiento patrimonial (o acto de disposición) que realiza la víctima; aclaración que adquiere relevancia cuando la posible estafa se da en el marco de una relación contractual[1] y, más específicamente, en aquellas que crean obligaciones recíprocas que no son de cumplimiento inmediato. En tales supuestos, el engaño no necesariamente debe ser previo a la concreción del acuerdo de voluntades (sea verbal o escrito), sino que es suficiente con que sea previo al desplazamiento patrimonial, aunque no haya existido ninguna maquinación fraudulenta ni intención de obtener un beneficio ilícito por una de las partes en el origen de la contratación.

Así lo entiende y aplica de manera uniforme el Tribunal Supremo, al menos desde febrero de 2006, cuando emitió su acuerdo plenario no jurisdiccional en relación con el contrato de descuento bancario; tesis que luego ha venido extendiéndose en su aplicación a otros supuestos de estructura análoga, como sucede en el ámbito de la construcción de viviendas.

En efecto, en los contratos de encargo de obra, de compraventa de inmuebles en construcción, etc., se generan obligaciones recíprocas de ejecución en trato sucesivo, en los que cada fase de ejecución del acuerdo se presenta como un escenario de riesgo para el patrimonio de quien paga, si el constructor introduce en ese momento un elemento de engaño que no estaba presente al comienzo de la relación contractual. Tal elemento de engaño puede consistir tanto en la efectiva aportación de información falsa (por ejemplo: afirmar que ya se han obtenido las licencias correspondientes para iniciar o continuar la obra acordada, cuando en realidad ni se tienen ni pueden obtenerse -STS 4501/2013, de 3 de julio-), como en la omisión de brindar información relevante para las expectativas de éxito del proyecto en cuestión (por ejemplo, en un caso en el que fuimos parte: ocultar que la empresa se encuentra en una situación de quiebra inminente, que impediría llevar a término una obra por cuya realización se sigue cobrando –STS 862/2014, de 2 de enero de 2015-). Aunque en este último pronunciamiento el Tribunal Supremo revocó la sentencia condenatoria que había dictado la Secc. 10ª de la AP de Barcelona, compartiendo nuestros argumentos de defensa acerca del carácter no concluyente de los riesgos que afectaban la operación, sirve como ejemplo tanto del momento en el que cabe fijar el engaño propio de la estafa, como del tipo de información cuya omisión puede considerarse constitutiva de engaño bastante.

En fin, aunque esto ha sido visto como un abandono del dolo precedente (o simultáneo) como elemento de cuya constatación dependía la calificación de determinados hechos bien como delitos de estafa, bien como meros incumplimientos contractuales, pero sin relevancia penal (STS 684/2004, de 25 de mayo), lo cierto es que tal abandono no se ha producido.

En rigor, sólo se han introducido precisiones en torno al elemento de engaño previo, que parecían necesarias a raíz de una serie de casos mal resueltos por los tribunales de instancia, puntualizando que la referencia temporal es (siempre fue) la del desplazamiento patrimonial y no el del acuerdo de voluntades cuando media un contrato entre ambas partes; precisión que resultaba innecesaria en relación con los contratos de tracto único, con inmediata entrega de contraprestaciones reciprocas (entre otras, STS 1024/2013, de 25 de enero).

[1] Ámbito de los denominados “negocios jurídicos criminalizados” o “negocios civiles criminales” o, mejor, “estafa contractual”, como la denomina Jacobo Dopico Gómez-Aller «Estafa y dolo civil», en Dereito, Vol. 21, n. 1: 7-35 (2012).