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Un engaño. Un inmueble. Tres delitos

octubre, 2019

Podemos convenir que «en los negocios no es la regla general que las personas se engañen, mientan o defrauden» (STS 419/2009, de 31 de marzo). Pero también podemos convenir en que las personas engañan, mienten y defraudan con más frecuencia de la que nos gustaría.

En esta oportunidad, haremos un breve comentario acerca de una de las denominadas estafas impropias; concretamente, la que recoge el primer supuesto del art. 251.2º del Código Penal, donde se prevé una pena de uno a cuatro años de prisión para quien dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma.

Nuestro interés, en este caso, consiste en distinguir qué estafas relativas a bienes inmuebles son alcanzados por esta modalidad específica y cuáles, en cambio, lo son: o bien por la figura genérica (sancionada con pena de prisión de seis meses a tres años), o bien por la modalidad agravada que contempla el art. 250.1º (que prevé una pena de uno a seis años de prisión). Como puede verse, la diferencia en las penas aplicables a casos que no siempre son fáciles de distinguir resulta un motivo más que suficiente para prestar atención a los criterios que se han venido trazando para su correcta delimitación.

Lo primero que suele destacarse es que, en relación con estas figuras de estafas impropias, no es exigible una aplicación rígida de los elementos que constituyen la figura genérica de estafa (que son: 1º. engaño bastante, 2º. error esencial en quien sufre el engaño, 3º. acto de disposición patrimonial perjudicial para el disponente o para un tercero, 4º. ánimo de lucro en el autor – es decir, intención de obtener una ventaja patrimonial; y 5º. nexo causal entre el engaño, el error que este provoca y el perjuicio que experimenta la víctima o un tercero, como consecuencia de su disposición patrimonial -art. 248 CP-). Ahora bien, a la par que los tribunales insisten acerca de ese contenido autónomo de las estafas impropias, también advierten que esos elementos de la estafa genérica estarán presentes, ordinariamente, en los supuestos previstos en el art. 251 (tal como se afirma, y con razón, en la STS 780/10, de 16 de septiembre, entre otras). Si ello es así, y lo es, por ese camino no vamos a encontrar entonces la diferencia que estamos buscando.

Un segundo aspecto que han destacado los tribunales es que, en los casos de estafas impropias, la forma o modo de engañar ya aparece descrita en la propia norma. Es decir, que a diferencia de la estafa genérica (donde el engaño puede consistir en un sinfín de maniobras artificiosas), en las estafas impropias el engaño ya viene delimitado en cada caso. En el que aquí nos interesa, el engaño consiste -siempre- en ocultar una carga. Las razones por las que el legislador haya decidido castigar más severamente una específica forma de engaño por sobre otras, excede el objeto de este artículo. Pero aquí radica una importante distinción. Si el supuesto que se analiza, candidato a ser calificado como estafa que recae sobre un bien inmueble, puede describirse en términos de “ocultación de una carga”, entonces estaremos ya fuera del ámbito de aplicación de la estafa genérica (art. 248 CP) y más próximos a esta modalidad específica de estafa impropia (art. 251.2º CP, primer supuesto).

Ahora bien, ello supone, antes que nada, haber afirmado que aquello que se ocultó y de lo cual deriva el perjuicio para la víctima es, efectivamente, “una carga”; pues no siempre el elemento o factor oculto podrá ser calificado como tal.

Al respecto, se ha dicho que el concepto de carga, por mucha flexibilidad que el legislador quiera atribuirle, se refiere a «cualquier gravamen que pudiera pesar sobre la finca afectando de forma directa su valor de mercado», pero, además, en todo caso debe «incidir particular e individualizadamente sobre la vivienda o inmueble en general y alguna persona (física o jurídica) debe ostentar la titularidad de tal carga». Ese gravamen, por lo tanto, no se limita exclusivamente a las cargas reales (como una hipoteca), sino también a anotaciones preventivas, embargos judiciales, prohibiciones de enajenar, cláusulas resolutorias, derechos de tanteo y retracto, etc. Es decir, la carga, para ser tal, debe suponer una «limitación en las facultades de disponer y disfrutar del dueño del inmueble en beneficio de la persona en cuyo favor se constituye».

De este modo, no constituye una carga, por ejemplo, las dificultades o limitaciones del disfrute que provienen de un vicio oculto o deficiencia de la cosa, (así, en la STS 215/2004, de 23 febrero, sobre un caso de venta de inmueble con “aluminosis”, que había motivado una dedición administrativa de derrumbe del inmueble).

Y por último, como nos estamos refiriendo a estafas que recaen sobre inmuebles (y está claro que una vivienda lo es), habrá que delimitar en qué caso es aplicable esta figura de estafa impropia y en cuál, en cambio, la modalidad agravada del 250.1º CP. Al respecto, en la STS 188/2002, de 8 de febrero, se dijo que no todas las estafas que recaen sobre un inmueble destinado a vivienda conducen a la aplicación de la modalidad agravada, sino tan solo aquellas en que «el perjudicado ve frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda, como bien de primera necesidad».