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Derecho penal preventivo y responsabilidad penal de las personas jurídicas

A partir de las últimas reformas legislativas, las empresas que actúan en España pueden verse inmersas en un procedimiento penal y responder por los delitos que se cometan en el seno de su organización.

La Ley 5/2010 (de 22 de junio) adoptó por primera un modelo de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, introduciendo el artículo 31 bis al CP, reforma que se vio complementada por la posterior LO 1/2015 (de 30 de marzo).

Este nuevo escenario normativo pone a las empresas en el centro de atención del sistema penal, tras habérseles impuesto determinados deberes en orden a la prevención de actividades delictivas que puedan cometerse en o desde la propia estructura empresarial.

Por ello, el sentido que define a los Programas o Modelos de Cumplimiento Normativo es su función doblemente preventiva:

a] Dificultar, tanto como sea posible, la comisión de delitos en o desde la empresa.

b] Evitar que, aquellos delitos que, pese a todo, se cometan, no puedan ser imputados, también, a la propia Persona Jurídica.