[Blog]

El delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa

junio, 2017

Valor de la información y secretos de empresa

Las empresas son un motor esencial de nuestra economía. A través de su actividad, generan no sólo recursos económicos, sino puestos de trabajo, conocimiento y desarrollo. Por ello, las empresas son celosas de su información confidencial, aquella que las hace competitivas en el mercado y les permite seguir aportando activos y valor añadido a nuestra sociedad. La competencia empresarial, además, resulta de vital importancia para el mercado y los consumidores. En este sentido, la legislación mercantil regula las condiciones de una sana y justa competencia empresarial, mientras que en el Código Penal, se castiga aquellos incumplimientos más graves de las reglas del mercado.

Los delitos relativos al mercado y a los consumidores

Estas figuras delictivas están previstas y penadas en los artículos 278 y siguiente del Código Penal, de los que nos interesa destacar aquí los supuestos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa.

El artículo 278 del Código Penal contempla graves sanciones para aquellas personas que, para descubrir un secreto de empresa, se apoderen por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o emplearen alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197.

Con la referencia al artículo 197.1 del Código Penal, el legislador incluye, entre las conductas típicas del artículo 278, a la interceptación de telecomunicaciones y al uso de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación. Las penas previstas para este tipo de conductas, en perjuicio de una empresa, son de 2 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

Si, además del descubrimiento y apoderamiento del secreto de empresa, el sujeto revela la información a un tercero, la pena se eleva de 3 a 5 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

La clave para la aplicación de estos delitos de descubrimiento y revelación de información empresarial, radica en la calidad de los datos sustraídos. Es decir, la información debe poder ser considerada como “secreto de empresa”, concepto desarrollado en los últimos años por la jurisprudencia española[1].

En este sentido, se entiende por “secreto de empresa” el dato propio o ajeno, pero en poder de un determinado empresario, que el mismo no desea que sea conocido por terceros y que, por ello, presenta un indudable valor o interés económico, sea directo o indirecto para él y para quienes ilegítimamente pretenden acceder al mismo, de modo que, con dicha ilegítima inmisión, alteran las reglas del libre mercado obteniendo ventajas o beneficios frente a los competidores e incluso al propio sujeto pasivo[2]. A mayor abundamiento, el concepto de “secreto empresarial” se ha venido perfilando en la práctica forense como aquellos datos mercantiles que podrían proporcionar ventajas en el mercado; por ejemplo, los listados de clientes elaborados por cada empresa, los documentos que contengan relaciones de proveedores, los precios de adquisición de productos, los márgenes de rentabilidad, la información de trabajadores[3] y, en definitiva, todos aquellos que afectan a la parte técnica de la empresa, a los métodos de producción y los relativos al ámbito comercial, como cálculos, estrategias de mercado (…)[4].

Algunas cuestiones prácticas

Tanto el descubrimiento de la información confidencial, como su apoderamiento y cesión a terceros, se vienen detectando a través de periciales informáticas que permiten conocer, con detalles, la fuga de información, los métodos y medios empleados por el autor, las fechas en que se produjo, etc. A su vez, es posible probar el uso que el autor dé a esos secretos de empresa ilegítimamente obtenidos. En ocasiones, mediante un informe de investigadores privados se puede acreditar, por ejemplo, los contactos que el autor del delito haya mantenido con otras empresas del mismo sector, o bien que está en trámites para constituir su propio negocio y llevar a cabo la misma actividad, o situaciones similares. En cualquiera de ambos casos, resultará evidente el valor que la información puede comportar a quien se ha apropiado ilegítimamente de un activo semejante.

Un caso real

Sobre este delito que se viene comentando, resulta de interés la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal nº 16 de Barcelona en el año 2011, por la que se condenó a un ingeniero a 3 años de prisión y a pagar una multa de 6.000 euros, por apropiarse y revelar información confidencial de la empresa en la que prestaba sus servicios[5]. La sentencia fue recurrida en segunda instancia ante la Audiencia Provincial de Barcelona que rebajó la pena impuesta a 2 años de prisión, al considerar que la conducta que había llevado a cabo el ingeniero era constitutiva de un delito de apropiación del artículo 278 del Código Penal, pero que no había quedado acreditada la cesión de la información, por lo que no cabía la condena por el artículo 279 que sí fue tenido en cuenta en primera instancia[6].

En este caso, se sospechaba que el trabajador condenado había cedido los datos a una empresa de nueva creación, dedicada al mismo sector, a la que se incorporó poco tiempo después de renunciar voluntariamente a su puesto de trabajo. La fuga de información se detectó a través de una pericial informática, que permitió conocer cómo, en los últimos días previos a su renuncia, el trabajador se enviaba, a una cuenta de correo personal, infinidad de documentos confidenciales de la empresa para ser utilizados en su propio emprendimiento profesional.

Responsabilidad de la empresa receptora de secretos de otro

Con la introducción en nuestro derecho de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, este tipo de conductas implican un riesgo de sanción no sólo para su autor, sino también para las empresas que se nutren de información ilegalmente obtenida.

En efecto, los delitos relativos al mercado y a los consumidores constituyen uno de los supuestos de aplicación de sanciones penales (en general, multas) a las empresas que se beneficien de comportamientos ilícitos.

Por ello, es imprescindible adoptar las medidas de compliance adecuadas al tamaño, estructura y tipo de actividad, entre otras variables que permiten graduar el nivel de riesgo al que se enfrenta cada empresa. Ese es el sentido de los Programas de Cumplimiento Normativo, y de allí la necesidad de adoptarlos e implementarlos correctamente.

[1] Por todas, Sentencia del Tribunal Supremo 285/2008, de 12 de mayo (Recurso nº 1467/2007).

[2] Sentencia Audiencia Provincial de Lérida, de 12 de Febrero de 2001.

[3] Sentencia Audiencia Provincial de Alicante, de 19 de diciembre de 1998 (Sección 3ª).

[4] Sentencia Audiencia Provincial de Zaragoza, de 3 de diciembre de 1999 (Sección 3ª).

[5] Sentencia Juzgado de lo Penal nº 16 de Barcelona, de 17 de noviembre de 2010.

[6] Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6ª, de 26 de septiembre de 2011 (Recurso nº 51/2011).