[Blog]

Delito de administración desleal

julio, 2017

Administración desleal

Tras la reforma introducida al Código Penal por LO 1/2015, de 30 de marzo, la administración desleal dejó de ser un delito societario (tal como estaba previsto en el anterior art. 295 CP, desde entonces derogado) y pasó al ámbito de los delitos patrimoniales, como una modalidad de defraudación.

De este modo, no sólo las sociedades alcanzadas por la definición del art. 297 CP o sus socios, pueden ser víctimas de una administración desleal, sino cualquier sujeto, persona física o jurídica, cuyos bienes patrimoniales sean puestos bajo la administración de otro. Esto constituye, a nuestro entender, un acierto legislativo.

El nuevo art. 252 CP contempla penas de prisión y multa para quien, «…teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanados de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y de esta manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado». 

A pesar de esta nueva forma de regulación penal, el núcleo del comportamiento típico de la administración desleal continua siendo la infracción a los deberes de lealtad y diligencia que deben observar quienes administran patrimonios de terceros. Así, la legislación civil y comercial, pero fundamentalmente los artículos 225 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, dotan de contenido los deberes cuya infracción puede dar lugar a la comisión de este delito, y continúan siendo, por ello, las normas de referencia en esta materia. [1]

En efecto, el Tribunal Supremo ha sostenido que, el contenido del anterior art. 295 ha sido traspasado al nuevo art. 252, comprendiendo en el mismo toda clase de administradores, y no solamente los sociales, que infrinjan el deber de lealtad con su principal, excediéndose de sus facultades y causando, de esa manera, un perjuicio de naturaleza patrimonial a su titular; aclarando, además, que la  Ley de Sociedades de Capital continúa ofreciendo las pautas básicas para determinar el vínculo de lealtad que se quebranta con este delito. [2]

Algunos de los supuestos más comunes que han sido calificados como administración desleal, antes y después de la reforma mencionada, son el pago de productos o servicios que no han sido realmente adquiridos o prestados a favor del titular del patrimonio (actos o negocios simulados); la utilización de los bienes que se administran en beneficio propio o de terceros y sin autorización ni beneficio alguno para el titular; la realización de operaciones con personas o empresas vinculadas al administrador en condiciones altamente beneficiosas para éste y perjudiciales para el patrimonio administrado; la contratación de préstamos de alto riesgo sin justificación de la necesidad del mismo, entre otros.

De lo que se trata, en definitiva, es que los administradores gestionen el patrimonio encomendado dentro de los límites de sus facultades y guiados, siempre y en todo caso, por el interés impostergable de su titular.

Por otra parte, la reforma ha logrado delimitar con mayor precisión el ámbito de aplicación de la administración desleal, distinguiéndolo claramente de la apropiación indebida; figuras que, en ocasiones, se solapaban durante la regulación anterior, lo que generó importantes discusiones doctrinales y desacuerdos jurisprudenciales que parecen encontrar, ahora, un punto final. Al respecto, en la exposición de motivos de la LO 1/2015, se señala que: “Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver las mismas cosas recibidas, sino otro tanto de la misma calidad y especie; por ello, quien recibe de otro dinero o valores con facultades para administrarlos, y realiza actuaciones para las que no había sido autorizado, perjudicando de este modo el patrimonio administrado, comete un delito de administración desleal.»

Por último, y teniendo en cuenta que está vedada la aplicación retroactiva de normas penales (salvo que ello fuere más favorable para los inculpados), se plantea la cuestión de si es posible calificar -en los términos del nuevo art. 252 CP- hechos anteriores que tuvieron lugar durante la vigencia del ya derogado art. 295 CP o si, por el contrario, debiera sobreseerse a los inculpados. Al respecto, el Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de pronunciarse, al resolver un recurso de casación en el que los recurrentes argumentaban que el delito de administración desleal del antiguo art. 295 CP había sido derogado y que no podría aplicarse la nueva figura del art. 252 CP; que la reforma no sólo habría introducido un cambio de ubicación dentro del articulado del Código Penal, sino incorporado un nuevo delito de administración desleal, con elementos distintos que impedirían su completa asimilación.

El Tribunal Supremo, sin embargo, sostuvo la tesis de que las reformas legales sólo determinan la atipicidad de los hechos por derogación de las normas vigentes al tiempo de su comisión, cuando «no resulten subsumibles en la nueva redacción, de las normas que sustituyen a las anteriores (…). Del examen de ambas redacciones resulta sin dificultad que las conductas que antes se encontraban acomodadas en el art. 295, pueden subsumirse ahora en el art. 252. Puesto que en este artículo, no se hacen más estrechos los límites de la conducta típica, sino que, al contrario, se suprime la exigencia que el autor del hecho sea un administrador, de hecho o de derecho, de una sociedad, por lo que puede serlo todo aquel que tenga facultades para administrar un patrimonio ajeno con independencia de quien sea su titular; no se exige que actúe en beneficio propio o de terceros, sino que sea suficiente que de las infracciones de las facultades, resulte un perjuicio para el patrimonio administrado; no se limita la conducta típica a la disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad o a la contratación de obligaciones a cargo de estas; e incluso desaparece la mención a que el perjuicio sea evaluable. Con independencia del alcance que finalmente se atribuye, por vía de aplicación interpretativa, a cada uno de los requisitos exigidos en el art. 252, lo cierto es que era subsumible en el art. 295, tal y como se hizo en la sentencia de la que se pretende su revisión, la conducta de aquel que ocupe la posición de administrador de una sociedad, es decir, teniendo facultades para administrar el patrimonio de esta, abuse de sus facultades, es decir, las infrinja, excediéndose en su ejercicio, y de esta manera cause un perjuicio al patrimonio administrado. Y lo es ahora en el artículo 252, aunque en este se haya ampliado el ámbito de la conducta típica y, por tanto, se exigen menos requisitos que en aquel. En cuanto la pena impuesta, resulta imponible en relación a ambos preceptos.» [3]

De esta manera, para los administradores de cualquier sociedad, que en beneficio propio o de terceros, hubieren dispuesto fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraído obligaciones a cargo de esta antes de la reforma, la supresión del art. 295 CP no implica, necesariamente, la atipicidad de los hechos, puesto que ha de ponderarse si estas conductas son subsumibles, ahora, en el delito de administración desleal del nuevo art. 252 CP.[4]

[1] Artículo 225. Deber general de diligencia. 1. Los administradores deben ejercer el cargo y cumplir los deberes que imponen las leyes y los estatutos con la diligencia de un empresario ordenado, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. 2. Los administradores deben tener la dedicación adecuada y adoptar las medidas necesarias para la buena dirección y el control de la sociedad. 3. En el ejercicio de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de obtener de la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para cumplir sus obligaciones. Artículo 226. Protección de la discrecionalidad empresarial. 1. En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un empresario ordenado se entiende completo cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y de acuerdo con un procedimiento de decisión adecuado. 2. No se entienden incluidas dentro del ámbito de la discrecionalidad empresarial las decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas y, en particular, las que tengan por objeto autorizar las operaciones que prevén el artículo 230. Artículo 227. Deber de lealtad. 1. Los administradores deben de ejercer el cargo con la lealtad de un representante fiel, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad. 2. La infracción del deber de lealtad no solo determina la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador.

[2] TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), sentencia nº 719/2015 de 10 noviembre

[3] STS (Sala Penal, Sección 1ª), sentencia nº 220/2016 de 15 marzo; entre otras.

[4] O, en su caso, si por la aplicación de las Disposiciones transitorias de la citada Ley Orgánica, pudiese corresponder la aplicación ultractiva del ya derogado art. 295, si este fuese más favorable para los inculpados; criterio sostenido por la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 1ª), en la sentencia nº 77/2016 de 15 de julio.