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“Conductores malvados”

junio, 2019

Con la entrada en vigor de la LO 2/2019, de 1 de marzo, entre los delitos contra la seguridad vial (arts. 379 a 385 ter CP) se incorpora una figura denominada “delito de abandono del lugar del accidente” o “delito de fuga”. Este nuevo delito, previsto en el art. 382 bis CP, convive sistemáticamente con los delitos contra la seguridad vial. Ahora bien, resulta difícil afirmar que, con aquellos, comparte el mismo bien jurídico protegido. A su vez, y de una lectura del art. 382 bis CP, se advierte su proximidad con el ya existente delito de omisión del deber de socorro del art. 195 CP, especialmente en los casos en los que esta omisión es respecto de una víctima de accidente (art. 195.3 CP).

Del Preámbulo de la LO 2/2019 cabe rescatar algunos aspectos relevantes para advertir el pretendido fundamento de esta nueva figura delictiva. En primer lugar, parece ser que la reforma responde a una demanda social vinculada con el incremento de accidentes cuyas víctimas son peatones o ciclistas. Según datos estadísticos de la DGT, en el año 2018 el porcentaje de fallecidos del grupo de víctimas considerados sujetos vulnerables -entre los que se incluyen peatones, ciclistas, conductores de ciclomotor y de motocicleta- fue de un 35% del total de fallecidos. Desde el año 2011 -con un 30% de sujetos vulnerables fallecidos- las variaciones de este porcentaje han fluctuado ligeramente al alza, exceptuando el año 2016 que disminuyeron respecto del 36% contabilizado en 2015. De entre el porcentaje global de sujetos vulnerables fallecidos, el mayor número de fallecidos lo ocupan los conductores de motocicleta y los peatones. En segundo lugar, el Preámbulo de la LO 2/2019 se refiere a que, con el art. 382 bis CP, lo que se quiere sancionar es “la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico”.

Conforme a su redacción legal, la aplicación del art. 382 bis CP requiere, entre otros aspectos, que no concurran los casos contemplados en el art. 195 CP. Esto significa que, en caso de tratarse de una víctima que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, el precepto de aplicación no es el delito de fuga sino el delito de omisión del deber de socorro. Fuera de estos casos, el art. 382 bis CP, al igual que lo previsto en el art. 195 CP, requiere que el sujeto realice la conducta típica de abandono sin que concurra un riesgo propio o de terceros. Asimismo, el resultado lesivo previo puede haberse causado tanto imprudentemente como fortuitamente, estableciéndose en este último caso menor pena.

Así las cosas, cabe plantearse cómo se solucionarían las siguientes hipótesis:

A.-M, conductor de un turismo, atropella imprudentemente a un peatón dejándolo gravemente malherido. El lugar del atropello es una zona inhóspita y no acude nadie en su auxilio. M se da a la fuga.

B.-M, conductor de un turismo, atropella imprudentemente a un peatón quien fallece en el acto. Pese a que terceras personas acuden en auxilio del peatón fallecido, M se da a la fuga.

C.-M, conductor de un turismo, atropella imprudentemente a un peatón causándole lesiones graves. Pese a que terceras personas acuden en su auxilio y, por tanto, la víctima no está desamparada, M se da a la fuga.

D.-M, conductor de un turismo, atropella imprudentemente a un peatón quien fallece en el acto. Tras ello, M se da a la fuga.

De entrada, la única de estas cuatro hipótesis que tendría que resolverse con base en el art. 195.3 CP es la hipótesis A. En efecto, se trata de una víctima desamparada y en peligro manifiesto y grave. Por tanto, estamos ante un caso de infracción del deber de solidaridad por parte del que omite el socorro. En cambio, el resto de situaciones hipotéticas podrían resolverse con base en el art. 382 bis CP. En cuanto en la hipótesis B, la víctima no está desamparada ni tampoco está en una situación de peligro grave y manifiesto, en tanto el resultado de muerte ya se ha consumado. En la hipótesis C, aunque la víctima pueda estar en una situación de peligro manifiesto y grave -en tanto esas lesiones pueden empeorar-, no se trata de una víctima desamparada. Por último, en la hipótesis D la víctima ha fallecido. Por tanto, no estamos ante un caso de víctima en peligro manifiesto y grave tal como requiere el art. 195 CP. Sea como fuere, si se trata de un accidente causado por imprudencia, la pena privativa de libertad prevista es la misma tanto para los supuestos de aplicación del art. 195 CP, como para el caso en que resulte aplicable el art. 382 bis CP.

La cuestión que debemos plantearnos es cuál es el fundamento del delito del art. 382 bis CP. A estos efectos, cabe señalar, en primer lugar, que no estamos ante un delito de resultado, sino más bien ante un delito de mera actividad. En esta medida, el delito del art. 382 bis CP se consuma con la simple realización de una conducta típica. A partir de aquí, tanto en un caso de víctima fallecida, como en un caso de víctima malherida pero que no está desamparada, es difícil afirmar que en esa conducta típica de abandono del lugar del accidente exista una afectación a la seguridad vial o incluso a la solidaridad. En el marco del art. 195 CP la lógica de la solidaridad se vincula con la existencia de un deber general positivo de cualquier ciudadano. Esto es, se trata de velar por el bienestar de los demás. En el ámbito del delito de omisión del deber de socorro, y en tanto existe una persona que está desamparada y en peligro grave y manifiesto y, pudiendo, no se la socorre, la omisión de este deber supone una situación de empeoramiento de la víctima. Así pues, no se trata solamente de la infracción formal de un deber, sino que, tras ella, existe un sustrato material. En cambio, ésta no es la lógica de la pretendida vulneración de la solidaridad en el art. 382 bis CP. Si la víctima no está desamparada, o si la víctima no está en peligro grave y manifiesto, o ambas cosas y, pese a ello, el conductor se da a la fuga, ¿puede decirse que infringe un deber de solidaridad penalmente relevante? Esta cuestión es de especial relevancia en los casos en los que, lamentablemente, estamos ante una víctima que ha fallecido. En esta situación, ni concurre una víctima desamparada ni una víctima que esté en peligro. Por ello, resulta complicado vincular la conducta de abandono con la infracción de un deber general positivo de velar por el bienestar de los demás. Desde la perspectiva de los delitos contra la seguridad vial, podría decirse que la peligrosidad se vincula con el accidente producido previamente, cuando menos si se trata de un accidente imprudente. Ahora bien, continúa siendo difícil advertir esta peligrosidad de forma diferenciada en la propia conducta de abandono.

Sin duda, nadie quiere conductores que hayan atropellado a una persona y que se den a la fuga. Ahora bien, si darse a la fuga tiene que ser una conducta constitutiva de delito, ésta debe vincularse con algún tipo de lesividad. Atendiendo a la regulación actual, fundamentar el delito del art. 382 bis CP con algo que no tenga que ver con la “maldad intrínseca” del que se da a la fuga va a ser una tarea ardua. ¿Quiere ello decir que los operadores jurídicos vamos a tener que preocuparnos de analizar si estamos ante conductas de personas malvadas? Parece que ésta no tendría que ser la función de los operadores jurídicos, ni del Derecho penal.