[Compliance Programs]

Contar con un adecuado Programa de Cumplimiento Normativo (PCN) forma parte, hoy, de los estándares mínimos de organización empresarial. Ello explica, entre otras cosas, que los PCN vengan incluyéndose, paulatinamente, entre las condiciones de homologación de clientes y proveedores para grandes empresas, especialmente en aquellas que participan (directa o indirectamente) en relaciones contractuales con la Administración pública.

Nuestro trabajo consiste en:

[1]

Contrastar la actual organización de la empresa con los estándares normativos que exige la legislación penal, a fin de identificar carencias que resulten jurídico-penalmente relevantes.

[2]

Revisar los procedimientos de actuación seguidos en la empresa, para identificar los factores de riesgo de infracción penal.

[3]

Redactar un informe de identificación de riesgos penales
que no sólo recoja los aspectos antes mencionados, sino que incluya, también, las propuestas de cambio o adaptación que resulten necesarias. Este informe sirve, asimismo, para diseñar un Plan inicial de un Modelo o Programa de Prevención Penal para la empresa, sobre cuya base la firma pueda desarrollar, sucesivamente, sus planes anuales de medidas de prevención de riesgos penales.

[4]

Código Ético y Manual de Prevención.
Tras la identificación de los riesgos penales, se desarrollará un aparato regulatorio que permita documentar las pautas de actuación alineadas con el cumplimiento ético y normativo. En esta medida, no solamente se elaborará un Código Ético, sino también una política de cumplimiento penal y los protocolos necesarios para la prevención de los riesgos penales de la organización en cuestión.

[5]

Realizar sesiones formativas
con la alta dirección de la empresa y, en su caso con el resto de empleados, a fin de informar y explicar el sentido y alcance de un programa de cumplimiento y de las medidas adoptadas o que se deberían adoptar. Así mismo, las sesiones formativas también pueden tener un contenido más específico, siempre en función de cuáles sean las necesidades de la empresa en cuestión -por ejemplo, formación en materia de compliance y blanqueo de capitales o de compliance y medio ambiente, entre otros-.