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Blanqueo imprudente. Gangas que pueden salir muy caras

enero, 2019

En España existen dos formas de cometer el delito de blanqueo de capitales: o bien de forma dolosa (entiéndase aquí: intencional) o bien por imprudencia grave. En el primer caso, el delito consiste en realizar maniobras para conseguir ingresar al circuito económico lícito, bienes que fueron obtenidos ilícitamente. En el segundo caso, ese resultado de “blanqueo”, aparece como una consecuencia, no prevista, de la conducta de quien actúa de forma descuidada.

Dedicaremos este posta esta segunda modalidad, procurando evitarle un dolor de cabeza a quienes nos lean.

Pues bien, en elartículo 301.1 del Código Penal (norma que contempla el delito de blanqueo doloso), se prevén penas de prisión de seis meses a seis años y multa, para quien:adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, o a quien realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a quien los adquirió ilícitamente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Mientras que en el numeral 3 de esa misma norma, se establece que: si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

Entre los temas de interés que surgen de este tipo penal, existe uno especialmente polémico, puesto que de él depende, en buena medida, el alcance de aplicación de esta figura a quienes creen estar muy lejos de operaciones merecedoras de esta sanción. En concreto, se discute si cualquier persona (física o jurídica) puede cometer este delito (tesis del blanqueo imprudente como delito común) o si, en cambio, solo podrían hacerlo, eventualmente, quienes están “legalmente obligados” a adoptar medidas de prevención según la normativa anti blanqueo (tesis del blanqueo imprudente como delito especial).

Mal que nos pese, al menos a quienes extrañamos la aplicación de los principios que tendían a limitar el poder punitivo estatal, la tesis que se ha impuesto en el Tribunal Supremo español es la más amplia; la primera: el blanqueo imprudente es un delito común, de modo tal que cualquier persona que no adopte las precauciones mínimas para conocer el origen de los bienes sobre los que opera puede ser sancionado en sus términos.

Esta posición tiene repercusiones directas para dos sujetos de derecho bien distintos. De un lado, para las empresas que, sin estar incluidas en el art. 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril (que indica quiénes están obligados a prevenir el blanqueo), se ven compelidas, igualmente, a adoptar mecanismos de prevención para evitar la eventual responsabilidad penal de la persona jurídica, en la que podría incurrir si alguien utilizara la estructura empresarial para lavar capital de origen ilícito. Es decir, aunque no estuvieran obligadas, sí pesaría sobre todas las empresas la carga de la prevención del blanqueo imprudente, si quieren evitar las fuertes multas que contempla el art. 302.2.a y b; pues difícilmente pueda omitirse esta figura en el cuadro de riesgos penales que ahora deben identificar y controlar las personas jurídicas. Esto impone a las empresas la necesidad de adecuar sus Programas de Cumplimiento Normativo, incorporando herramientas de prevención del blanqueo, en todos los casos.

Pero, por otra parte, afecta también al “ciudadano de a pie”, que puede, por descuido, verse involucrado en una operación de blanqueo, sin saberlo. En efecto, según el Tribunal Supremo (Sentencia 506/2015, de 27 de julio, entre otras), comete el delito de blanqueo imprudente quien “sin conocer la procedencia ilícita de los bienes, … se encontraba en condiciones de sospechar fácilmente la ilícita procedencia y evitar la conducta blanqueadora sólo con haber observado la más elemental cautela, es decir sus deberes de cuidado.”Por aplicación de esta tesis, se ha sancionado, por ejemplo, a quienes aceptan una comisión por recibir transferencias de pequeñas sumas de dinero, con el mandato de retirar el efectivo y enviarlo a un tercer destinatario a cambio de una comisión (las denominadas “cuentas mulas”). Como puede advertirse, ya no se trata de un reproche dirigido a quien sospecha que está operando con bienes de origen ilícito, sino a quien no sospecha debiendo hacerlo; es decir, a quien no dudó, a pesar de los indicios que pudieran estar presentes en el hecho. Esta figura del blanqueo imprudente, así interpretado, apela a la atribución de un determinado nivel de suspicaciaque las personas (también las jurídicas, las empresas) debieran mostrar en sus actividades económicas; algo que parece difícil de cuadrar con la existencia de un supuesto deber “objetivo” de cuidado.

Por ello, si duda, consulte antes de actuar. Y si no tiene dudas, téngalas y consulte antes de actuar.